Lexjuridic

Durante el pasado año 2025, los tribunales han ofrecido pronunciamientos especialmente relevantes que continúan perfilando una cuestión central: el equilibrio entre la libertad de creación y los derechos de la personalidad, en particular el honor, la intimidad y la propia imagen. A este escenario se suman procedimientos todavía en curso, como el litigio de Rosa Peral contra Netflix, llamados a seguir delimitando los contornos de esta colisión de derechos.

La primera idea que conviene tener clara es que no existen respuestas automáticas. El análisis dependerá del tipo de obra, del grado de ficción asumido, del contexto en el que se presenta y, sobre todo, de la impresión que genera en el público. A la luz de la sentencia Fariña, de diciembre de 2025, resulta oportuno examinar qué criterios está utilizando la jurisprudencia para valorar las obras basadas en hechos reales y en qué supuestos pueden constituir una intromisión ilegítima en los derechos de las personas retratadas.

La sentencia Fariña: ficción inspirada en la realidad

La sentencia Fariña va más allá del caso concreto, ya que explica cómo deben leerse las obras de ficción inspiradas en la realidad. En ella, el Tribunal Supremo deja claro que una serie de este tipo no juega con las mismas reglas que un documental o una pieza periodística.

La persona afectada sintió violentados su derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen al aparecer su persona retratada en la serie fariña con un personaje con sus mismos nombres y apellidos y de apariencia similar, a la cual se le atribuía sutilmente la participación en el narcotráfico de la cocaína, y de la cual salían escenas de intimidad con su pareja, también representada con sus mismos nombre y apellidos. Si bien esta persona había sido condenada y había cumplido condena por el narcotráfico, no lo fue por cocaína, sino por una sustancia no tan lesiva que tiene una posición menos reprochable en el orden penal. Esto, sumado al resto de factores, hizo que emprendiera reclamaciones por entender violada su intimidad, honor y propia imagen, todos ellos derechos fundamentales previstos en la Constitución Española, y cuya protección está dotada de una gran importancia en el ordenamiento jurídico.

Ante este contexto, las productoras de la serie, que son nada más y ni nada menos que Netflix, A3media y bambú, lo tuvieron claro, alegaron el derecho a la libertad de creación artística, que también se encuentra en el capítulo de Derechos Fundamentales de la Constitución como una forma concreta del derecho Fundamental a la libertad de expresión (art. 20.1 b) de la Constitución Española).

Ante semejante colisión de derechos, el Alto Tribunal perfila que, aunque una ficción parta de hechos reales y personajes reconocibles, el derecho a la creación artística protege la dramatización, siempre que el espectador entienda que no está ante una reproducción fiel de la realidad. De ahí la importancia de advertencias como “inspirado en hechos reales” o “algunas escenas han sido dramatizadas”, ambas de las cuales, por cierto, incluyeron hábilmente las productoras de la serie Fariña.

A partir de ahí, la sentencia señala varios elementos que delimitan el riesgo de violar los derechos personales de una persona (honor, intimidad y propia imagen):

• La recognoscibilidad: cuanto más fácilmente se identifique a una persona real (nombre, aspecto, contexto), mayor cuidado exige la obra.
• El grado de ficción: si el relato se percibe como ficción, se toleran licencias narrativas; si se percibe como un reflejo fiel de la realidad, el margen se reduce.
• El tipo de invención: no es lo mismo condensar personajes o recrear diálogos que atribuir conductas especialmente deshonrosas o inventar aspectos íntimos relevantes.

En Fariña, pese a que el personaje era claramente reconocible, el Tribunal entendió que el conjunto de la obra se percibía como una recreación dramática, no como una afirmación de hechos exactos. Por eso no exigió el mismo rigor que a un documental y dio prevalencia a la libertad creativa.

La intimidad en la ficción: se puede recrear, pero no todo vale

Uno de los puntos más delicados en las obras basadas en hechos reales es la vida privada de los personajes. El Supremo reconoce que la ficción puede recrear relaciones, diálogos o situaciones íntimas, porque forman parte del lenguaje narrativo audiovisual.

Ahora bien, la llamada “excepción de ficción” no legitima cualquier cosa. Para valorar si una escena cruza la línea, los tribunales tienen en cuenta, entre otros factores:

• lo explícitas que sean las escenas,
• su duración y relevancia dentro del relato,
• si aportan algo a la historia o son mero morbo,
• y si el espectador puede entenderlas como una recreación plausible, no como hechos reales.

En Fariña, las escenas íntimas se consideraron breves, poco explícitas y narrativamente adecuadas, de modo que el espectador medio no las interpreta como una revelación real de la vida privada del demandante, sino como parte del artificio narrativo.

Cuando el formato cambia, cambian las reglas: documentales y “true crime”

El verdadero punto de inflexión aparece cuando la obra ya no se presenta como ficción, sino como documental o “true crime”. Aquí la finalidad no es crear una nueva realidad narrativa, sino explicar la realidad tal como ocurrió. Y eso desplaza el eje del debate: la colisión con los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen pasa a plantearse contra la libertad de información.

En este terreno, en principio no hay espacio para inventar ni para dramatizar hechos de forma que alteren su significado. Tampoco para añadir datos íntimos que no fueran ya públicos por haber sido de interés informativo. Sin embargo, la libertad de información puede amparar la inclusión del nombre completo e incluso la imagen de la persona afectada, pero solo si concurren sus dos requisitos clásicos: veracidad y relevancia pública.

Respecto a la valoración de la relevancia pública, resulta muy interesante la sentencia del Tribunal Supremo de 2024 que condenó a un medio de comunicación a indemnizar a una persona por publicar su fotografía junto a un artículo sobre un delito cometido 37 años antes. Los hechos eran ciertos y habían sido noticiables en su momento. Sin embargo, décadas después, el Tribunal entendió que la identificación del autor ya no estaba justificada.

El Supremo fue claro: no todo lo que fue noticiable lo es para siempre. Cuando no existe conexión con un hecho actual y la persona ha cumplido su condena, el interés puede ser histórico, pero ese interés puede satisfacerse sin identificar al protagonista. Volver a publicar nombre, apellidos e imagen puede suponer una intromisión ilegítima en su honor y en su propia imagen, especialmente si se trata de alguien que ya no tiene proyección pública.

Además, el consentimiento prestado en su día para una publicación no se proyecta indefinidamente en el tiempo. El derecho a la información no neutraliza el derecho a la propia imagen.

Para quienes trabajan en el ámbito del “true crime”, el mensaje es claro: la fidelidad a los hechos no es suficiente; también hay que preguntarse si la identificación sigue estando jurídicamente justificada hoy.

Un ejemplo a dos bandas: documental y serie

En el caso de Crims, el tratamiento fue especialmente cuidadoso: el formato se ciñó a los hechos conocidos y a la documentación existente, minimizando riesgos desde el punto de vista del honor y la intimidad. Más allá de debates generales sobre la identificación en episodios que rescatan sucesos muy antiguos, no consta que hayan prosperado acciones relevantes en este caso concreto.

Distinta es la situación de la serie de Netflix, cuyo procedimiento judicial continúa abierto. Aquí el análisis no gira solo en torno a la veracidad de los hechos, sino al alcance de la dramatización, a la intensidad con la que se recrean determinados aspectos personales y a la impresión global que puede generarse en el espectador. Será especialmente interesante conocer cómo el órgano judicial pondera la libertad de creación artística frente a los derechos al honor, la intimidad y la propia imagen en un relato tan reciente y reconocible.

Porque, como demuestra este caso, cuando se trabaja con hechos reales, no basta con preguntarse qué ocurrió: también es imprescindible preguntarse cómo se decide contarlo. 

Ideas clave para creadores

Trabajar con hechos y personajes reales no es solo una cuestión creativa, también puede llegar a ser una decisión estratégica desde el punto de vista legal, ya que el formato importa —y mucho—.

La ficción ofrece más margen que el documental, pero no es una carta blanca. Se pueden recrear situaciones, condensar personajes o dramatizar escenas, siempre que el espectador entienda que está ante una construcción narrativa.

En cambio, cuando la obra se presenta como documental o “true crime”, las reglas se estrechan. Ya no basta con que la historia sea atractiva o esté bien contada: debe ser veraz, relevante y proporcional. Identificar con nombre y apellidos, mostrar imágenes o rescatar hechos muy antiguos exige preguntarse si sigue existiendo un interés público real o si simplemente se está reabriendo una historia cerrada.

Al final, muchos conflictos no nacen de lo que se cuenta, sino de cómo se cuenta. Una misma historia puede dar lugar a una serie de ficción o a un documental, pero el análisis jurídico no será el mismo.

El formato elegido, el grado de recreación y la expectativa que se genera en el público son los elementos que, en última instancia, marcan la diferencia.

El Gobierno ha anunciado el pasado 15 de enero la aprobación del Anteproyecto de Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Un nombre largo para un problema muy actual: qué hacer cuando la tecnología permite poner palabras en tu boca, gestos en tu cara y conductas en tu historial… sin que hayas hecho nada de eso.

El anteproyecto nace como respuesta —o quizá como reacción algo tardía— a una realidad social marcada por los deepfakes y su difusión masiva en redes sociales. Una tormenta perfecta en la que se mezclan inteligencia artificial, viralidad y una creciente dificultad para distinguir lo verdadero de lo falso, con consecuencias cada vez más difíciles de reparar.

Cuando lo falso ya no parece falso

Desde hace años convivimos con imágenes y vídeos generados por inteligencia artificial cada vez más realistas. Algunos son abiertamente absurdos —como aquel vídeo en el que Trump y Zelenski aparecían forcejeando en la Casa Blanca— y, aunque llamen la atención, la mayoría de los espectadores identifican que se trata de una broma o de ficción.

El problema empieza cuando lo generado resulta creíble, cuando no provoca risa sino duda, y cuando además daña el honor, la intimidad o la reputación de una persona real. En esos casos, el daño ya no es hipotético: es inmediato, viral y difícil de borrar.

El arranque de este año ha estado marcado por polémicas graves relacionadas con la difusión de este tipo de contenidos en la red social de Elon Musk, lo que ha vuelto a poner sobre la mesa la urgencia de regular en esta materia.

Los esfuerzos legislativos frente a la IA avanzan por dos grandes vías:

• La regulación tecnológica y de orden público, donde la Unión Europea ya ha fijado un marco obligatorio para los Estados Miembros que clasifica los sistemas de IA (prohibidos, de alto riesgo y de uso general) y establece sanciones y responsabilidades.
• La protección de los derechos fundamentales de las personas afectadas, que es precisamente el eje de este anteproyecto y el foco de este artículo.

 La nueva ley del honor: punto de partida, no de llegada

Conviene subrayar que estamos ante un anteproyecto. Su tramitación parlamentaria aún puede introducir cambios relevantes y su aprobación definitiva no está garantizada, especialmente teniendo en cuenta que cuando se trata de una ley orgánica necesita mayoría absoluta (la mitad mas uno) en el congreso.

Aun así, su contenido ya permite identificar con claridad la orientación de la reforma, especialmente si se compara con la Ley Orgánica de 1982 y se analizan los motivos que la justifican.

¿Por qué era necesaria una reforma?

El Gobierno expresa en la exposición de motivos que la ley vigente ha funcionado razonablemente bien durante más de cuarenta años. El problema es que todo lo que la rodea ha cambiado.

Desde entonces se han aprobado normas sobre protección de menores, datos personales, derechos digitales, discapacidad o rectificación informativa, además de nueva legislación europea que afecta directamente a la imagen, la voz y la identidad personal.

A esto se suma un cambio social profundo: hoy somos los propios ciudadanos quienes exponemos fragmentos de nuestra vida privada en redes sociales, muchas veces sin ser plenamente conscientes del alcance real de ese consentimiento. La reforma lanza un mensaje claro y tranquilizador: compartir no significa renunciar a tus derechos fundamentales.

Puntos clave de la nueva propuesta legislativa

La propuesta arranca de una idea que no es nueva, pero que sigue siendo clave para entender todo lo que viene después: los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen no son absolutos. Como ya ocurría en la normativa anterior, deben convivir —a veces con fricción— con la libertad de expresión y de información.

Por eso, el anteproyecto no opta por la vía fácil de prohibir sin matices. Se mantiene, por ejemplo, la posibilidad de difundir comunicaciones privadas cuando exista un interés público relevante. La lógica es clara: no se trata de blindar la realidad frente a cualquier uso incómodo, sino de ponderar derechos caso por caso.

Dicho esto, la reforma no se queda en una mera declaración de principios. Introduce cambios concretos y muy relevantes que conviene destacar, porque marcan un antes y un después en cómo se protege la imagen, la voz y la identidad personal en la era de los deepfakes.

Consentir no es dar carta blanca

Uno de los pilares del anteproyecto es la redefinición del consentimiento. Autorizar el uso de la imagen o la voz no implica permitir cualquier utilización posterior. El consentimiento es limitado, contextual y revocable, y su extralimitación constituye una intromisión ilegítima.

La norma presta especial atención a los menores de edad, fijando los 16 años como umbral para presumir madurez suficiente, sin renunciar a una protección reforzada cuando se vea afectada su dignidad o interés superior. Incluso con consentimiento, cualquier uso perjudicial será ilícito.

En cuanto a las personas con discapacidad, la ley se alinea con la legislación más reciente: se reconoce su capacidad para consentir por sí mismas, con los apoyos necesarios, abandonando enfoques paternalistas.

Deepfakes, IA y suplantaciones hiperrealistas

El elemento más innovador de la reforma es la incorporación expresa de los deepfakes y las suplantaciones tecnológicas al núcleo de la protección del honor.

La creación o difusión de imágenes o voces falsificadas que reproduzcan de forma hiperrealista a una persona pasa a considerarse, siempre que no haya su consentimiento, una intromisión ilegítima.

La protección no se limita a contenidos generados por IA, sino que abarca cualquier manipulación tecnológica destinada a engañar, defraudar o dañar la reputación.

Existen, no obstante, excepciones: tratándose de personajes públicos, estos contenidos podrán emplearse en contextos claramente satíricos, artísticos o de ficción, siempre que se informe de forma visible de su carácter artificial. La creatividad se protege, pero no el engaño. 

Más tutela judicial y reparaciones efectivas

El anteproyecto refuerza los mecanismos judiciales de protección: amplía quién puede defender los derechos de una persona fallecida, otorga al Ministerio Fiscal un papel activo cuando hay menores implicados y endurece el enfoque sobre las indemnizaciones por daño moral, que dejan de ser meramente simbólicas.

Asimismo, se facilita la adopción de medidas cautelares para retirar imágenes o voces —reales o manipuladas— incluso antes de que exista sentencia firme.

Conclusiones: qué aporta esta reforma y qué queda por resolver

La Exposición de Motivos sitúa esta reforma dentro del Plan de Acción por la Democracia, cuyo objetivo es mejorar la calidad del debate público en el entorno digital. Y es cierto que la manipulación de rostros y voces puede tener un impacto enorme en la opinión pública: a veces, una imagen pesa más que mil desmentidos.

Sin embargo, permitir que los afectados se defiendan —necesario, sin duda— no basta por sí solo. Tampoco puede asumirse que toda la carga de detectar y frenar la manipulación recaiga sobre los usuarios.

La clave está en definir con claridad las responsabilidades y los límites de los proveedores de servicios, un asunto que debería resolverse en el otro gran anteproyecto pendiente: la Ley para el buen uso y la gobernanza de la Inteligencia Artificial. España está obligada a incorporar esta norma conforme al reglamento europeo de 2024, pero, a pesar de ello, el texto sigue guardado en un cajón desde marzo de 2025, dejando un vacío normativo que dificulta dar una respuesta integral a los daños que la tecnología puede causar.

La intención de esta reforma es positiva, pero insuficiente si no se coordina con la normativa tecnológica. Tipificar mejor las lesiones al honor y endurecer las indemnizaciones plantea una pregunta inevitable: ¿contra quién se actúa realmente? ¿El usuario que crea el contenido, la plataforma que lo viraliza o el proveedor de la herramienta de IA?

Estas cuestiones quedan fuera del alcance de este anteproyecto, pero exigen una respuesta integral que combine protección de derechos y regulación tecnológica. Teniendo en cuenta que la ley siempre llega tarde y que esta realidad ya está causando daños concretos, ojalá 2026 sea el año en que veamos propuestas legislativas terminadas y afinadas que realmente nos protejan frente a los riesgos de la inteligencia artificial.

La industria musical ha vivido varios saltos tecnológicos que han impactado en la manera en que se explotan los derechos de los artistas. El último gran cambio fue la digitalización y el streaming; ahora, el siguiente salto podría ser la inteligencia artificial (IA).

Lecciones del pasado: del caos del MP3 al dominio del streaming

Antes del reinado del streaming, el primer gran terremoto para la música digital fue Napster, lanzado en 1999, que permitió el intercambio peer-to-peer de archivos y desencadenó una batalla legal sin precedentes. Sin embargo, muchos analistas consideran que el primer servicio de streaming propiamente dicho fue Rhapsody (2001), cuyo modelo de negocio abrió la puerta a la forma de consumo que hoy domina el mercado.

A partir de ahí, el sector se transformó aceleradamente: Spotify (2006) y SoundCloud (2007) marcaron una nueva etapa, seguida por la llegada de Apple Music y YouTube Music en 2015.

Esta evolución cogió desprevenidos a muchos artistas. Los contratos discográficos firmados antes de la era del streaming no contemplaban este tipo de explotación digital y, por lo menos en este extremo, la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) es muy clara: “La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización o medios de difusión inexistentes o desconocidos al tiempo de la cesión” (art. 43.5 LPI). Sobre esta base legal, numerosos artistas han conseguido reclamar por la infracción cometida y renegociar las condiciones de explotación digital de sus obras, incluso acudiendo a los tribunales, que en muchos casos han respaldado estas reclamaciones.

La lección fue clara: La transmisión de los derechos de explotación no alcanza a las modalidades de utilización ni a los medios de difusión inexistentes o desconocidos en el momento de la cesión, con lo cual, anticipar los modos de explotación que están emergiendo es esencial.

De los vacíos contractuales al desafío de la IA

¿Esa misma lógica se aplica hoy a la inteligencia artificial? La ausencia de referencias específicas a la IA —o la existencia de cláusulas excesivamente genéricas— pone en duda si las discográficas pueden autorizar el uso de obras en entrenamientos de modelos de IA sin el consentimiento explícito de los titulares de derechos.

La Jurisprudencia, tanto en Europa como en Estados Unidos, avanza hacia una interpretación consistente: el entrenamiento de modelos de IA con obras protegidas puede considerarse un acto de reproducción, e incluso de comunicación pública, si es que la obra es perceptible en el resultado final.

En la práctica, casi ningún contrato discográfico actual incluye autorización expresa para usos vinculados a IA, un escenario que recuerda a los primeros años del streaming, cuando la normativa y los contratos se quedaron atrás respecto de la tecnología.

Esta laguna abre un nuevo frente —y una potencial oportunidad— para las discográficas: licenciar catálogos para el entrenamiento de IA podría devenir en una línea de negocio emergente, siempre que se regule de forma equilibrada.

 Derechos y líneas de negocio en la era de la IA

El estudio de la SGAE sobre IA y música (2025), basado en una encuesta a 1.257 artistas españoles, ofrece una radiografía reveladora de cómo el sector percibe esta tecnología, mostrando no solo el panorama tecnológico, sino también los desafíos sociales y económicos que enfrenta la comunidad creativa.

Antes de entrar en detalle, conviene precisar que una grabación integra derechos de distintas figuras: el autor sobre composición y letra, el artista sobre la interpretación y el productor sobre el fonograma. Por ello, aunque el estudio se centre en autores, proporciona una visión representativa de todo el ecosistema musical frente a la IA.

Uno de los hallazgos más relevantes es la proliferación de iniciativas empresariales de IA que, para desarrollarse, han tenido que entrenar sus modelos con música existente. Entre los usos más frecuentes que señalan los artistas se incluyen herramientas de composición, generación de letras, mezcla, masterización y promoción, así como aplicaciones capaces de producir versiones de obras en géneros o estilos distintos. Este abanico coincide con los debates legales sobre derechos de reproducción, transformación, comunicación pública y posibles usos futuros no contemplados en los contratos tradicionales.

Esta conclusión nos revela que el sector crece a gran velocidad: el estudio menciona numerosas startups, más allá de gigantes como OpenAI, y pone de relieve un desequilibrio económico evidente: los servicios de IA generan ingresos significativos, mientras que la remuneración percibida por los titulares de derechos sigue siendo limitada.

Otro hallazgo destacado es la percepción del riesgo de sustitución profesional. La música en vivo parece relativamente protegida por ahora, pero la composición, ejecución y producción podrían ser reemplazadas por música generada automáticamente, especialmente en ámbitos funcionales como música de fondo, publicidad, redes sociales y sintonías de radio o televisión. Esto subraya la necesidad de negociar de manera inteligente con las empresas de IA, asegurando una remuneración justa y evitando que este proceso creativo salga gratis a los creadores.

Aunque las entidades de gestión suelen ser quienes tradicionalmente han ejercido un papel clave en velar por los intereses del sector, es innegable que las discográficas tendrán un rol central, ya que son propietarias de los catálogos fonográficos. Cualquier uso de IA basado en fonogramas requiere su intervención: sin autorización de autores y productores, el negocio es ilegal. Esto convierte a las discográficas en un actor estratégico en la negociación de nuevas formas de explotación musical.

Finalmente, el estudio de la SGAE señala la necesidad de un marco normativo específico que distinga entre música asistida por IA y música generada completamente por máquinas, protegiendo así la creación humana. Estas conclusiones refuerzan la idea de que, a la espera de una regulación específica, es el propio sector el que debe decidir como regir estas relaciones contractuales de la mejor manera posible.

¿Cómo debería ser una cláusula de IA?

Cuando hablamos de derechos de autor y tecnología, la respuesta siempre es: depende. Depende del punto de vista —artista o discográfica—, de si te interesa un determinado uso de tu obra y, sobre todo, de cómo quieras controlar la explotación de tu música.

Para los autores y artistas, la recomendación es clara: si no quieres que tu obra se use en inteligencia artificial, reserva expresamente tus derechos. Para las discográficas, la clave está en convencer al artista de que autorizar tal uso vale la pena: ofrecer una remuneración justa y garantizar transparencia y control sobre los ingresos es imprescindible.

Pero más allá de estos principios generales, ¿qué consideramos que debería incluir realmente una cláusula de IA en un contrato actual?

Al igual que cualquier licencia de explotación o cesión de derechos patrimoniales, una cláusula de IA debería contemplar cinco aspectos esenciales:

1) Qué derechos se ceden

El derecho de reproducción está inevitablemente implicado cuando se entrena un modelo de IA con música o letras. Pero también pueden entrar en juego derechos menos evidentes, como la transformación de la obra o la comunicación pública.

Por tanto, según los usos que se pretendan realizar se deberán mencionar unos u otros.

2) Para qué medios de explotación

Aquí está el verdadero desafío. Como ya se ha comentado, la Ley de Propiedad Intelectual (art. 43 LPI) establece que no se pueden ceder derechos para usos inexistentes al momento de la cesión, lo que recuerda los problemas que surgieron con la llegada del streaming.

Para la IA, la estrategia consiste en incluir expresamente “entrenamiento de IA y demás usos existentes”, dejando espacio para renegociar a medida que surjan nuevas tecnologías. La rapidez con la que evoluciona este mercado hace que un contrato firmado hoy pueda quedar desactualizado en meses.

Por todo ello, lo más aconsejable es lo siguiente:

• Para las discográficas: si un uso no está previsto, lo recomendable es contactar al artista y negociar.
• Para los artistas: no deben dejar pasar demasiado tiempo ante un uso no autorizado; aceptar royalties y mantenerse al margen podría volverse en su contra de cara a futuras reclamaciones.

3) Ámbito territorial y temporal de la cesión

En la era digital, el alcance de una licencia debe ser mundial. Sin embargo, expresiones exageradas como “todo el universo” han sido consideradas nulas por los tribunales, activando el régimen supletorio del artículo 43.2 LPI, que lo limita al ámbito nacional.

Respecto al tiempo, los periodos cortos son la mejor estrategia: permiten renegociar cláusulas ante la rápida aparición de nuevas aplicaciones de IA y evitan que los contratos queden obsoletos.

4) Remuneración: el gran misterio por resolver

El sistema de compensación por el uso de música en IA aún está en formación, y es el propio sector el que debe ponerse en valor.

La remuneración justa no solo protege a los artistas, sino que facilita la aceptación y renovación de contratos, convirtiéndose en un incentivo para que todos participen en nuevas formas de explotación.

5) Transparencia y control del revenue

La confianza entre artistas y discográfica se construye con auditoría clara y accesible que permita saber de dónde vienen los ingresos, cómo se calculan y quién los percibe.

Para ello, es recomendable ofrecer sistemas que ofrezcan transparencia y control en la distribución de los ingresos, misión para la cual, la propia tecnología IA puede ser una herramienta útil para implementar.

Ceder sin perder control: el futuro de los contratos discográficos

El avance de la inteligencia artificial en la música plantea retos legales, económicos y sociales inéditos. Sin cláusulas contractuales claras, el uso de obras en entrenamientos de IA podría considerarse ilegal, mientras que, al mismo tiempo, se abre una oportunidad de negocio inexplorada.

En este escenario, las discográficas juegan un papel estratégico y responsable. Como propietarias de los catálogos fonográficos, son quienes pueden garantizar que cualquier explotación de IA cumpla con la legalidad, respetando los derechos de autores, artistas y productores. Su intervención no solo asegura la viabilidad del negocio, sino también la remuneración justa y la transparencia para todos los creadores implicados.

Para que este mercado sea sostenible, las discográficas deben negociar activamente con los titulares de derechos, asegurando que la explotación de sus obras mediante IA se traduzca en beneficios equitativos para toda la cadena creativa. Esto implica:

• Consentimiento explícito de todos los titulares de derechos involucrados
• Definición clara de derechos y usos, incluyendo entrenamientos de IA y posibles aplicaciones futuras.
• Alcance territorial y temporal adaptable, para ajustarse a un mercado en rápida evolución.
• Sistemas de remuneración justos, que reflejen el valor real generado por la IA.
• Transparencia y auditoría accesibles, para que los artistas puedan controlar y verificar los ingresos generados.

En definitiva, el éxito de la música en la era de la inteligencia artificial depende de que las discográficas asuman su responsabilidad como intermediarias y guardianas de los catálogos, equilibrando la innovación tecnológica con los intereses de los creadores. Solo así este nuevo modelo de negocio podrá crecer de manera sólida, legal y justa para todo el sector.

El grupo musical El Barrio ha reavivado recientemente un debate histórico relativo a la edición musical: ¿Qué obligaciones mantiene efectivamente el editor y qué derechos siguen correspondiendo al autor, incluso en la era digital? La disputa surge tras la falta de reproducción en formato partitura de obras cedidas en un total de 20 contratos editoriales entre los años 1996 y 2011.

La esencia del contrato de edición musical

Antes de entrar en el fondo del litigio, conviene refrescar que el contrato de edición es aquel por medio del cual el autor o sus herederos ceden la gestión de sus derechos de explotación exclusivos (reproducción, distribución y comunicación pública) a un editor a cambio de una compensación económica, en el bien entendido de que un profesional de la edición cuenta con los conocimientos y los medios más adecuados para conseguir una rentabilidad mayor.

En el concreto ámbito de la edición de obras musicales (que pueden consistir únicamente en música, o en música y letra), el editor se encargaba originalmente de editar, imprimir y distribuir partituras que reprodujeran la obra.

Por supuesto, en el contexto actual en el que la principal difusión musical es digital y, de modo secundario, a través de fonogramas físicos – por cierto, sobre los cuales concurren los derechos del productor y del artista o intérprete además de los del autor – , los editores musicales se han visto obligados a reinventarse y a contemplar nuevas formas de explotación de la obra, siempre sin dejar de lado su misión original.

Actualmente, la labor de un editor musical es principalmente la de gestionar las obras (registro y recaudación de derechos) y asegurar una explotación continua.

Por su lado, el autor se obliga a ceder sus derechos en la forma y el plazo convenidos y a ofrecer garantías de que es el legítimo autor de la obra.

Dicho esto, para entender la relevancia de la resolución del caso de referencia es necesario hacer una breve referencia a la regulación del contrato de edición musical.

En la Ley de Propiedad Intelectual, esta relación contractual se regula como una modalidad especial del contrato de edición, estableciendo mediante el artículo 71 ciertas excepciones bastante lógicas atendiendo a las diferencias de la edición musical con el negocio de la edición literaria, por ejemplo, excluyendo la obligación de especificar contractualmente el número de ejemplares que se editarán, y estableciendo el compromiso de hacer tantas como sean necesarias de acuerdo con los usos del sector.

No obstante, tal y como veremos más adelante, la interacción entre este régimen especial y el resto de las disposiciones del contrato de edición plantea diversas dudas interpretativas.

El litigio

En 2017, El Barrio presentó una demanda ante los tribunales de Barcelona solicitando la resolución de veinte contratos de edición musical suscritos con la editorial Oripando S.L., fundamentando su pretensión en múltiples incumplimientos por parte del editor.

En primera instancia, el Juzgado de lo Mercantil de Barcelona apreció la existencia de dos incumplimientos por parte del editor —la ausencia de reproducción gráfica de las obras y la falta de control de tirada— y consideró que dichos incumplimientos justificaban la resolución contractual solicitada por los autores.

No conforme con este pronunciamiento, Oripando recurrió en apelación ante la Audiencia Provincial de Barcelona. En segunda instancia se apreciaron igualmente los mismos incumplimientos; sin embargo, el órgano juzgador consideró que la reproducción gráfica en el caso concreto de El Barrio tenía una escasa relevancia económica y concluyó que dicho incumplimiento no alcanzaba la entidad exigida por el artículo 1.124 del Código Civil para acordar la resolución contractual. Se apoyó en doctrina jurisprudencial consolidada según la cual, para que un incumplimiento tenga eficacia resolutoria, debe frustrar la finalidad económica del contrato.

Asimismo, la Audiencia Provincial rechazó la existencia de infracciones adicionales por parte del editor, incluyendo la alegada vulneración del artículo 72 del TRLPI, descarta la aplicación del artículo 72 LPI al contrato de edición musical, partiendo de la siguiente lógica: como el artículo 71 LPI permite que el contrato de edición musical sea válido aunque no se fije el número de ejemplares, entiende que no resulta posible —ni exigible— la obligación del artículo 72 de realizar un control de tirada en sentido propio, tal y como se concibe para la edición literaria. Desde esa premisa, concluye que no puede apreciarse incumplimiento del deber de control de tirada.

Conclusiones del Tribunal Supremo

Con los antecedentes mencionados, El Barrio recurrió ante el Tribunal Supremo, que sentó definitivamente las siguientes conclusiones:

• La partitura sigue siendo central

Aunque la mayoría de la explotación musical hoy se realiza en formato sonoro (reproducción mecánica), la sentencia recuerda que la reproducción de la partitura es consustancial a la edición musical. Para ciertos géneros, como los interpretados por El Barrio, la partitura es, al menos, útil para la ejecución de la obra y su comunicación pública.

El Alto Tribunal establece que la resolución de un contrato de edición por incumplimiento del editor no se rige por las reglas generales del Código Civil, sino por la Ley de Propiedad Intelectual. En concreto, el artículo 68.1.a) establece que el contrato puede resolverse si el editor no realiza la edición de la obra en el plazo y condiciones pactados, considerando como “edición” tanto la reproducción como la distribución de la obra.

En el caso concreto de El Barrio, la única obligación concreta del editor era reproducir y distribuir la obra en formato gráfico, es decir, partituras. La reproducción sonora y la distribución de fonogramas, así como la comunicación pública de la obra, solo estaban sujetas a una obligación de medios, gestionada a través de la SGAE, la entidad de gestión colectiva encargada de recaudar y distribuir los derechos correspondientes (la producción de fonogramas recae sobre los productores, que tienen sus propios derechos de distribución según la ley).

Por todo ello, el tribunal concluye que, aunque la dimensión económica de este incumplimiento pueda ser limitada, desde el punto de vista jurídico la falta de reproducción y distribución de partituras constituye un incumplimiento sustancial del contrato. Este aspecto es especialmente relevante cuando el autor cede todos sus derechos de explotación en exclusiva, durante todo el tiempo de protección legal y a nivel mundial, imposibilitando cualquier explotación directa de la obra por parte del autor o sus herederos, tal y como sucede en el caso de El Barrio.

• Control de tirada: una garantía legal para el autor

La cuestión surgía a partir del artículo 71.1 del Texto Refundido de la Ley de Propiedad Intelectual (TRLPI), que establece que un contrato de edición musical es válido, aunque no se indique el número de ejemplares a editar. A primera vista, esto podría parecer que el autor pierde cualquier posibilidad de supervisar la tirada de la obra. Sin embargo, la propia norma añade una precisión clave: el editor debe confeccionar y distribuir ejemplares en cantidad suficiente para atender las necesidades normales de explotación, conforme a los usos habituales del sector.

Es aquí donde entra en juego el artículo 72 del TRLPI y su desarrollo reglamentario en el Real Decreto 396/1988: el sistema de control de tirada garantiza que el autor pueda verificar que la obra ha sido reproducida y distribuida en la cantidad necesaria, evitando que el editor oculte información. Este control es independiente del certificado de fabricación, distribución y existencias previsto en el artículo 64.5, y refuerza el principio de participación proporcional del autor en los ingresos de la explotación.

Desde la perspectiva del autor, no es lo mismo que los ingresos por partituras bajas se deban a la falta de demanda en el mercado que a que el editor no haya producido ni distribuido suficientes ejemplares. La diferencia es crítica: la primera situación es externa y aleatoria; la segunda constituye un incumplimiento contractual atribuible al editor.

Por esta razón, el TRLPI establece que el incumplimiento del editor en esta obligación faculta al autor o a sus causahabientes para resolver el contrato, sin perjuicio de reclamar responsabilidades adicionales por los daños ocasionados.

Conclusión: derechos que no se pierden por el tiempo

Como hemos explicado, la sentencia refuerza dos ideas centrales:

• En primer lugar, si el editor no imprime ni distribuye partituras, incumple una de sus obligaciones más básicas. Y ese incumplimiento es lo suficientemente grave como para resolver el contrato, aunque su impacto económico parezca hoy menor frente al universo digital.
• En segundo lugar, el llamado “control de tirada” no es una reliquia de la edición literaria, sino una garantía viva para los autores. Les permite comprobar que su obra realmente se ha puesto en circulación y que no dependen a ciegas de lo que el editor decida hacer (o no hacer). Sin ese control, el autor pierde visibilidad sobre la explotación real de su música, y con ello, parte de sus ingresos.

Por ello, el mensaje para cada parte sería:

• Para los autores: si el editor deja de cumplir, hay una vía real para romper el contrato y recuperar el control de las obras.
• Para los editores musicales: no basta con gestionar derechos sonoros; la obligación de editar partituras y garantizar un control de tirada sigue plenamente vigente. No es opcional. No es decorativa. Es el corazón del contrato.

El caso de El Barrio contra Oripando demuestra que, incluso en plena era del streaming, la partitura —ese objeto que muchos creerían relegado al pasado— sigue siendo un elemento esencial en la edición musical. Y no es un matiz técnico: de ella depende que un contrato se cumpla… o se rompa. Y es que la música puede evolucionar y los formatos pueden cambiar, pero los derechos del autor siguen siendo los mismos mientras no cambie la ley.

La Unión Europea está trabajando en un texto normativo que regule la utilización de la IA en la UE.  En este sentido, la Presidencia del Consejo y los negociadores del Parlamento Europeo alcanzaron recientemente un primer acuerdo con carácter provisional relativo  a las normas armonizadas en materia de inteligencia artificial (IA), conocido como Reglamento de Inteligencia Artificial.

¿Cuál es el objetivo de este reglamento sobre inteligencia artificial?

 El texto tiene como objetivo garantizar que los sistemas de IA utilizados en la UE sean seguros y respeten los derechos fundamentales. Es indiscutible su carácter pionero.

Esta normativa busca limitar el riesgo que el uso de la IA puede implicar y, para ello persigue establecer un sistema de sanciones y la creación de un ente supervisor independiente, además de prohibir varios sistemas de vigilancia biométrica tales como los sistemas de categorización biométrica; el reconocimiento de emociones o el social scoring.

Otro de los aspectos interesantes que se contemplará es la obligación de que las entidades titulares de  herramientas de IA consideradas de alto riesgo lleven a cabo una examen del modo en que puede impactar  en los derechos fundamentales un sistema de IA antes de su implementación. Ello implica un debate seguro sobre los modos en que se puede producir ese impacto.

Hablamos por el momento de arduas negociaciones que dan lugar a un acuerdo provisional alcanzado por los Estados y el Parlamento Europeo,  cuyo texto deberá ser ratificado antes de entrar en vigor, lo cual nos lleva a un escenario del año 2026.

 ¿Supone esta norma un cambio importante?

La aprobación de esta norma por parte de la Unión Europea tiene un carácter pionero e implica un cambio significativo en la  visión frente a estas herramientas cuyo desarrollo y crecimiento es exponencial y la conciencia de la necesidad de regulación de esta tecnología a nivel mundial.

El reglamento incorpora por primera vez normas sobre modelos de IA de uso general de gran impacto que pueden causar un riesgo sistémico en el futuro, así como sobre los sistemas de IA de alto riesgo; un sistema revisado de gobernanza con algunas competencias de ejecución a escala de la UE; ampliación de la lista de prohibiciones, pero con la posibilidad de utilizar la identificación biométrica remota por parte de las autoridades policiales en espacios públicos, con sujeción a salvaguardias; una mejor protección de los derechos mediante la obligación de que los implementadores de sistemas de IA de alto riesgo lleven a cabo una evaluación del impacto en los derechos fundamentales antes de poner en marcha un sistema de IA.

¿Qué es la IA de uso general?

Los sistemas de IA pueden utilizarse con muchos y diferentes propósitos. Es entonces cuando hablamos de IA de uso general.

En Europa también se ha alcanzado un acuerdo sobre normas específicas que afectarán a los modelos fundacionales, es decir, a los sistemas de gran magnitud capaces de realizar una amplia gama de tareas diferenciadas, como la generación de vídeo, texto e imágenes, la conversión en lenguaje lateral, la informática o la generación de códigos informáticos.

El acuerdo obliga a que los modelos fundacionales sean transparentes antes de su puesta a disposición del público. Es decir, se crea un régimen más estricto para las herramientas de IA más habituales y de uso más extendido.

¿Incluye sanciones para las empresas?

Sí. Se contemplan multas por infracciones del Reglamento de Inteligencia Artificial que han quedado fijadas como un porcentaje del volumen de negocios anual global de la empresa infractora en el ejercicio financiero anterior o un importe predeterminado, si este fuera superior.